domingo, 7 de julio de 2013

Podrían destituir a secretario general y regidores, por caso laboral

Una verdadera tormenta provocada por despidos injustificados y horas extras enfrentan las autoridades municipales de Cihuatlán, conflictos laborales heredados de pasadas administraciones priistas y panistas, que no solo han dañado el erario público sino también pueden destituir a las autoridades.
Desde el pasado miércoles 3 de Julio, en la dirección de Seguridad Pública Municipal se ha negado el acceso al policía Ignacio García García, quien irónicamente ha ganado un juicio laboral teniendo derecho a cobrar la cantidad de $221,977.47 pesos.
En caso de no cumplirse la sentencia por el pago de horas extras, procede la destitución del secretario general Fermín Avalos Zamora, quien irónicamente en el año 2004, despidió injustamente a un grupo de trabajadoras del Sistema DIF Municipal, que ganaron el caso y tienen derecho a cobrar más de $5 millones de pesos a la comuna; cabe señalar que, con anterioridad, las autoridades locales han sido sancionadas con multas administrativas por no cumplir con el pago de laudos y otras irregularidades administrativas.
La abogada Lourdes Zavala Cárdenas, quien egresó del Centro Universitario de la Costa Sur (Cucsur) con excelentes calificaciones y desempeñó el cargo de director del departamento Jurídico del Municipio de Cihuatlán explicó:  “Con base en el amparo 8-21 / 2013 también se está enterando a los regidores del Ayuntamiento… de la sentencia de pago a favor del policía Ignacio García García… dentro del expediente de origen 186/2008 iniciado en el periodo del alcalde Enrique González Gómez”.
La destitución del secretario general procede “por no dar cumplimiento a la sentencia de pago ordenada por la Quinta Sala… con base en el artículo 85 de la Ley de Justicia Administrativa… el termino dentro del amparo, vence este lunes 8 de Julio”.
La abogada especialista en derecho laboral señaló que en la fecha anteriormente mencionada, “los regidores deben rendir un informe justificado sobre si dieron o no cumplimiento a la destitución del secretario general”.
Mientras tanto, el policía Ignacio García García, quien ha laborado en la corporación durante aproximadamente 20 años, permanece sin poder ingresar a las instalaciones por instrucciones del director Jorge Enrique Esqueda García, que le solicitó por escrito la entrega de la licencia de portación de armas.
Por su parte, los regidores corren el riesgo de ser destituidos acusados de abuso de autoridad y ser consignados por un juzgado federal.   
  

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